El informe sobre Derechos Humanos en Colombia hace nota del escándalo que se generó por las interceptaciones ilegales del DAS y el caso de Agro Ingreso Seguro en el que se vio envuelto el ex ministro de agricultura y candidato Andrés Felipe Arias.
El estudio dice que, aunque en menor grado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en el país siguieron siendo un problema en el país durante el 2009.
"El número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de una manera sistemática por parte de elementos significativos dentro de los militares", asegura.
Según el Departamento de Estado, hubo una reducción en los casos de los llamados 'falsos positivos' con relación al 2008, pero luego cita un informe de la ONU en el que se documentan varias de estas muertesen Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, y Vichada.
De acuerdo al informe, durante el año se registró igualmente colaboración de miembros de las fuerzas armadas con grupos paramilitares y bandas emergentes, en violación a las órdenes del gobierno.
Esta colaboración, sostiene, pudo haber propiciado ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, se pudo haber traducido en participación directa.
Basado en cifras del CINEP, el departamento de Estado dice que en el país se presentaron 192 ejecuciones de este tipo durante el 2009 -28 menos que el año anterior- atribuidas a todos las partes en el conflicto.
Según E.U., si bien la impunidad para el caso de militares implicados siguió siendo un problema, destaca las investigaciones realizadas por el ministerio de Defensa y el traslado de procesos a la justicia ordinaria.
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