Los dos días de paros convocados por el movimiento estudiantil para pedir educación gratuita y de calidad, que incluyeron marchas masivas en las principales ciudades, caceroladas nocturnas en barrios de clases medias y numerosas barricadas en suburbios de bajos ingresos y también en las cercanías de facultades y liceos, culminaron con al menos 300 detenidos en enfrentamientos con la policía militarizada. El Gobierno invocó la ley de seguridad del Estado por la quema de un bus del transporte público en Santiago, en una señal de endurecimiento contra las protestas estudiantiles, la mayor convulsión social que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia en 1990.
Próximo a cumplir seis meses estrellándose como una ola contra una rompiente frente a la negativa del Gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera a ceder a sus demandas, a pesar que estas tienen el respaldo de sobre 80% de la población, según reflejan los sondeos, el movimiento estudiantil se está deslizando por un tobogán en que no tiene más opción que extenderse en el tiempo y buscar alianzas sociales y políticas. Dos días de movilizaciones sin avanzar en la concreción de sus demandas sitúan al movimiento en este callejón con sólo una salida.
Ante miles de manifestantes y después de regresar de un viaje a Francia, una de las líderes del movimiento, Camila Vallejo, acusó de “ciego” al Gobierno por no ceder y advirtió: “Lo más probable es que no consigamos mucho este año, sino en los próximos años”, respecto de los cambios estructurales en la educación.
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